La Audiencia de València rechaza investigar a Carlos Mazón por no impulsar la declaración de emergencia nacional el 29-O
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha desestimado el recurso de apelación del abogado Ruben Gisbert contra un auto de la jueza de la dana que rechazó el pasado mes de mayo elevar al Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) la causa penal por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 para investigar al entonces presidente de la Generalitat Carlos Mazón por no solicitar al Gobierno central la declaración de emergencia nacional. Gisbert es conocido porque cuando era colaborador de Iker Jíménez fue grabado en Catarroja lanzándose a un charco de barro para aparecer más manchado antes de una conexión en directo en el programa Cuarto Milenio.
Los seis magistrados que integran este tribunal confirman así, de nuevo por unanimidad, la decisión adoptada el pasado mes de mayo por la magistrada titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja, y refrendado después, en junio, por ella misma, al resolver un recurso de reforma. La instructora denegó entonces tanto la remisión de la exposición razonada a la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV contra el presidente de la Generalitat, dada su condición de aforado, como imputar en el procedimiento a la delegada del Gobierno central en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.
La magistrada Nuria Ruiz Tobarra señaló que la emergencia nacional “ni se declaró estatalmente, ni se propuso por la administración autonómica valenciana, de la que formaban parte los investigados, como consellera y secretario autonómico, la declaración de emergencia nacional”. Además de que “existió consenso a nivel autonómico y central en que no procedía la declaración de emergencia nacional, ni el día 29 de octubre, ni en los días posteriores”. Tampoco se declaró la situación de emergencia catastrófica al amparo de lo dispuesto en el artículo 12.4 de la Ley Valenciana de Protección Civil, competencia que se atribuye al president de la Generalitat Valenciana. La declaración de emergencia nacional no era precisa para alertar a la población y que se adoptaran medidas de autoprotección”.
Los seis magistrados de la sección segunda vuelven a validar a la magistrada y consideran, tras revisar los argumentos del abogado Ruben Gisbert, que la decisión de la juez instructora es “razonable” y resuelve por tanto petición relativa al presidente de la Generalitat ha de ser “directamente desestimada”. Según el auto de apelación, los recurrentes no argumentan “adecuadamente” que se cumplan “los requisitos señalados por el auto del TSJCV”, que rechazó en diciembre del pasado año abrir una causa a partir de las querellas y denuncias contra el jefe del Consell por su actuación en la gestión de la dana. Para los magistrados, el recurso de apelación en este punto no incluye “una justificación adecuada de la concurrencia de los presupuestos del art 11 LOPJ” (Ley Orgánica del Poder Judicial) para elevar una exposición razonada contra Mazón al TSJCV, como es obligado en caso de personas aforadas.
Por ello, concluyen, “la petición relativa al molt honorable senyor president de la Generalitat debe ser directamente desestimada pues no argumenta adecuadamente que se cumplan los requisitos señalados por el auto del TSJCV” para poder investigar a Carlos Mazón (a fecha del recurso, en mayo de 2025)”. Los magistrados también consideran que el recurso de Ruben Gisbert “se presenta sin una justificación adecuada de la concurrencia de los presupuestos del art 11 LOPJ”, por lo que “a la vista de lo expuesto estimamos que la decisión de la Jueza es razonable y desestimamos el recurso interpuesto”.
En este mismo auto, la Sección Segunda vuelve a rechazar la petición de que la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana sea imputada, ya que la apelación no contiene “nuevas alegaciones” que justifiquen la adopción de una decisión distinta de lo ya resuelto sobre el mismo asunto por el mismo tribunal en resoluciones anteriores.
El tribunal ha emitido un segundo auto que ha sido notificado también este miércoles, en el que desestima el recurso de apelación de otra acusación particular, que reclamaba que la jueza de Catarroja citara como testigos al que fuera secretario de Estado de Seguridad y al secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible.
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